 | | | | | | Título: El sistema de salud | Subtítulo: Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga
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Autor/es: Faillace, Horacio A. |
| Prólogo del autor:
La atención de la salud de los habitantes de la República Argentina ha dejado de ser una prioridad indiscutible e indelegable del Estado para convertirse en otra de las actividades explotadas por el sector privado, entendido el concepto en sus variadas y posibles acepciones.
Poco queda de la concepción decimonónica del Estado liberal, que incluía el cuidado de la salud de la población en el espectro de sus funciones indelegables (justicia, salud, educación), y menos queda, todavía, del llamado “Estado de Bienestar” surgido en la segunda mitad del pasado siglo XX, a pesar de que, como lo sostiene Zamudio “el acceso igualitario a los servicios de salud (si bien complejo, exigible) y la justa asignación de los recursos médicos: humanos, de infraestructura, tecnológicos, medicamentos, distribución del tiempo, etc., a fin de asegurar el derecho a la preservación de la salud —en Argentina, de rango constitucional—, es también un factor determinante de la problemática indicada1.
En los últimos treinta años hemos presenciado la desactivación de la estructura del Estado benefactor y con ello, el reemplazo de la operación pública por la operación privada, decidida, de manera eminente y excluyente, por las reglas del mercado y la obtención del lucro como parámetros ontológicos.
En la década del sesenta del pasado siglo, el Estado había autorizado la acción de las obras sociales sindicales para la atención de la salud, como factor de complementación y, por qué no, de beneficio para los trabajadores encuadrados en las convenciones colectivas de trabajo. De esa forma se imaginaba aliviar el presupuesto nacional de una carga que bien podía ser atendida por quienes, se suponía, velarían por los intereses de los trabajadores afiliados a los sindicatos.
A los tumbos, en medio de disputas internas que, a su vez, dieron paso a intervenciones que empeoraron la situación de las obras sociales, el legislador asumió la nueva realidad económico- social y produjo un nuevo marco regulatorio con la sanción de la ley 23.660.
El nuevo régimen de obras sociales que contiene dicha ley marcó el punto culminante del retiro del Estado nacional de la atención de la salud de los trabajadores, primero, y de los sectores profesionales, comerciantes y empresarios después, en beneficio de las obras sociales sindicales, empresarias y profesionales, primero, y de las llamadas “entidades de medicina prepaga”, más tarde.
Como consecuencia, el hospital público fue paulatinamente relegado a un ominoso espacio, reservado para la medicina de precaria infraestructura, y los trabajadores, que hasta los años setenta recurrían a los hospitales nacionales o municipales, por efecto de aquellas normas se convirtieron en pacientes de sanatorios de confortable hotelería y de respetable nivel asistencial.
Todo parecía estar más o menos organizado hasta que los niveles de cotizantes, o sea, los afiliados que contribuían con su aporte a la financiación del sistema, en su descenso, desarmaron la ecuación financiera.
A partir de allí, el conjunto de la opinión pública alojó a las obras sociales en el incómodo lugar de sospechadas fuentes de financiamientos de proyectos políticos, en el mejor de los casos o, en otros, de mejoramiento de la fortuna personal de sus administradores.
La última década del siglo XX marcaría la culminación del proceso de degradación y mercantilización del trabajo asalariado, fruto de un desequilibrio notable en la distribución del ingreso que pareció sugerir, por su similitud con el espectro socioeconómico que existía en el mundo a fines de la anterior, una dramática repetición de la historia.
Las obras sociales, mal administradas y peor conducidas, sufrieron el impacto objetivo del desempleo que azotó al país, por lo cual, desfinanciadas y desacreditadas, debieron convocar a sus acreedores, cuando no cayeron fulminadas por el decreto de quiebra.
Los beneficiarios del sistema volvieron al maltrecho hospital público, abrumando su ya agobiada capacidad instalada, con lo que se agudizó la insuficiencia de medios hasta niveles indescriptibles.
Simultáneamente, los sectores de mayores ingresos fueron atrapados por el llamado “sistema de medicina prepaga”, que les ofrecía, por una cuota mensual razonable, la atención personalizada y el confort sanatorial que, por influjo de la mayor demanda, se tornaron inaccesibles para quienes carecieran de esta cobertura.
En 1997, con 269 empresas de medicina prepaga aglutinadas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sólo un tercio de ellas cubría el interior del país. Este grado de concentración también se repite a la hora de radiografiar cómo se divide el mercado nacional.
El grado de concentración es visible con un solo dato: las diez empresas líderes reúnen el 41% de los afiliados, y otro tanto de la facturación; el resto se lo dividen 259 entidades. Entre 1996 y 1997, facturaron 776 millones de dólares las diez empresas líderes del total de 1.875 millones de dólares del sector, y aglutinaron a 890.000 personas de los 2.200.000 afiliados a todas las empresas.
Si bien en Argentina el mercado fue en franco crecimiento, está lejos del de Brasil, donde la medicina privada cubría en 1994 el 25% de la población, es decir abarcaba a 35 millones de personas. Y más distante aún de Estados Unidos, donde la mayoría cuenta con algún tipo de seguro privado de salud. En 1995 se estimaba en 191 millones los ciudadanos que tenían cobertura particular2.
Del total del gasto en salud, que en 2000 fue de 23.896 millones de pesos (el 8,4% del PBI), el sector público gastó el 23,1%, la seguridad social, otros 7.830 millones, y el sector privado, 10.535 millones3.
La desregulación del sector de las obras sociales (dec. 9/93), que permitió la operación de la salud en conjunto con empresas privadas, frenó transitoriamente el desbarrancamiento irremediable de aquéllas, pero no resolvió el problema. Solamente introdujo una nueva modalidad lucrativa que difuminó la responsabilidad de la prestación del servicio de salud, y quedó lejos de constituir un beneficio para los afiliados o usuarios del sistema.
Frente a este cuadro, el Derecho ha permanecido casi cataléptico, con respuestas legislativas espasmódicas, y sólo guiado por las opiniones volcadas en la jurisprudencia y la doctrina, particularmente en lo referido a la responsabilidad profesional y a las más variadas cuestiones de bioética. Algunas de esas opiniones fueron recopiladas en este libro, como un aporte que contribuya a esclarecer aún más, si se puede, todo este confuso panorama.
La atención de la salud en la República Argentina carece de una estructura normativa que regule el funcionamiento de las llamadas “empresas médicas”, o sea, empresas comerciales cuyo lucro consiste en brindar atención médica a quienes lo requieren, a cambio del pago de una suma de dinero.
De esta forma, cobra cuerpo la repetida y patética regla paradojal que establece que a medida que los usuarios de determinado servicio indispensable aumentan su dependencia respecto del servidor, éste, instalado en esa mezquina fortaleza, incrementa su lucro y también su poder de negociación frente a la autoridad que pretenda limitar sus ganancias.
Por ello, aquí se analizarán el denominado “contrato de medicina prepaga” y la vinculación que por medio de éste se genera con los afiliados. También incluimos jurisprudencia y modelos de amparo presentados ante la justicia por el incumplimiento de las entidades de medicina prepaga.
Se impone, entonces, que el Estado asuma en plenitud su función tutelar y genere una estructura normativa que, sin cercenar el desarrollo de una actividad lícita y aún hoy, a pesar de todo, pujante, ponga los necesarios límites que impidan la existencia de una relación jurídica basada en un desequilibrio inaceptable, que termina por constituirse en una fuente de conflictos en los que no siempre unos u otros reciben lo que es suyo; no siempre, en fin, el conflicto se resuelve con justicia y equidad.
Por lo tanto, a superar estos conflictos apuntan los contenidos de esta obra, que quiere constituirse, así, en una eficaz herramienta de análisis tanto para los especialistas en la materia como para aquellos que, sin serlo, deseen informarse sobre la problemática actual que plantean las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
Descripción:
La población, salud pública y atención privada. Las obras sociales. La medicina prepaga. La obligación y sus limites. La responsabilidad de obras sociales y entidades de medicina prepaga. La acción de amparo en la obligación de las obras sociales y la medicina prepaga. El contexto normativo. Conclusiones. Modelos.
| | Año: 2008 Tapa: Rústica Edición: 1º Páginas: 552 ISBN: 987-1419-06-7
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Precio: $ 255.00 | |
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